Bolsonaro aprueba el marco de saneamiento, socavando el acuerdo y poniendo en peligro a las empresas estatales.

Al más puro estilo de su gobierno, que consiste en desmantelar todos los bienes públicos nacionales, el presidente Bolsonaro sancionó el miércoles (15) el proyecto de ley 4261, que establece un nuevo marco regulatorio para el saneamiento.

Al firmar la nueva legislación, traicionó un acuerdo alcanzado entre el gobierno, el Senado y los gobernadores, y emitió varios vetos, entre los que destaca el que validaba los contratos del programa y permitía su renovación hasta 2022. Estos vetos ponen seriamente en peligro la supervivencia inmediata de las empresas estatales.

Entre los vetos de Bolsonaro, el más significativo fue el del Artículo 16, que permitía renovar los contratos vigentes y vencidos por hasta 30 años, hasta el 31 de marzo de 2022, prohibiendo la celebración de nuevos contratos fuera de estas dos situaciones. Esta renovación, vital para la supervivencia de las empresas de saneamiento, fue el punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque poco definido, entre el gobierno, los senadores y varios gobernadores, especialmente del Noreste. El gobernador Rui Costa fue una figura central en estas negociaciones.

Bolsonaro ignoró la manifestación que 16 gobernadores realizaron en defensa de las empresas estatales el día antes de firmar la ley. Continúa con una agenda destructiva para el Estado brasileño, entregando la riqueza nacional a grandes capitales nacionales e internacionales, siguiendo el guion del Ministro de Economía, el banquero Paulo Guedes. Esta privatización ha abarcado los sectores de energía, petróleo, recursos minerales, aviación, medio ambiente y muchos otros, e incluso ahora llega al agua, esencial para la vida. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del mundo, de ahí la codicia de los especuladores por saquear esta riqueza que pertenece al pueblo brasileño.

La traición de Bolsonaro no sorprende a nadie, especialmente a la clase trabajadora, que ha sido atacada constantemente, ya sea por la reforma laboral y los crecientes recortes de derechos, además de la reforma de las pensiones, así como por una política que ha llevado al país al desempleo y a una grave recesión.

Incluso sin los vetos de Bolsonaro, el Proyecto de Ley 4162 ya estaba resultando perjudicial para el saneamiento básico, y por eso lo resistimos durante mucho tiempo desde su aparición en el Congreso Nacional, en forma de medidas provisionales, las cuales rechazamos. El proyecto de ley ya contaba con el respaldo del sector privado, de grandes corporaciones multinacionales, e incluso se le conoció como el "Proyecto de Ley Coca-Cola", debido a que fue presentado por el senador Tasso Jeressaiti (PSDB-CE), uno de los socios de esa empresa en Brasil. Se trata de una industria que tiene el agua como base de su producción y riqueza.

Es un hecho que habrá varias demandas que impugnarán el nuevo marco de saneamiento. Este es, ante todo, inconstitucional, ya que viola la autonomía y las competencias de los estados y municipios, derechos garantizados por la Constitución Federal.

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